Desarrollo e inclusión: ¿Y el tratado hacia adentro?

En momentos en que el Gobierno y el empresariado redoblan esfuerzos para consolidar las políticas de libre competencia y apertura comercial, con la suscripción de más tratados de libre comercio, es preciso recordar que el modelo económico en curso no puede soslayar los objetivos de inclusión y lucha contra la pobreza.

Como lo ha subrayado la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, si bien lo avanzado por el Perú en materia económica es admirable, “no debe olvidar a los pobres”. Ese es el gran reto.

Efectivamente, el Perú ha logrado captar 28% más en inversión extranjera, por encima del promedio latinoamericano; hemos subido en el ránking de competitividad internacional; varias agencias calificadoras de riesgo nos sitúan en una posición expectante y, según los últimos pronósticos, hemos crecido el año pasado en PBI y debemos crecer este.

Pero, eso no es suficiente. Sigue pendiente lo que algunos economistas llaman el TLC hacia adentro, que se resume en armonizar las metas macroeconómicas con las cifras microeconómicas. Todo ello dentro de un proceso de redistribución que combine el empuje productivo con la mejora de los niveles de empleo digno que se sienta en los bolsillos de la mayor cantidad de personas.

Por lo pronto, constituye un revés que voceros del Gobierno, como la titular del MEF, Mercedes Aráoz, hayan reconocido que no alcanzarán la meta de reducir la pobreza hasta el 30% en el 2011, debido a la crisis financiera internacional, “pero se están haciendo todos los esfuerzos para bajarla hasta 33%”. Actualmente, preocupa que el 36,8% de peruanos se ubique por debajo de la línea de pobreza monetaria (según datos del 2008), es decir, no cubren los requerimientos mínimos de la canasta básica.

Gran responsabilidad en esta lucha corresponde al Estado, no solo para promover y regular la actividad económica, sino también para cumplir el rol subsidiario en ámbitos como la educación, salud, seguridad y apoyo social a los sectores más relegados que no han sido absorbidos por el engranaje económico.

Al respecto, esfuerzos como la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, que implican la participación de diversos sectores, tienen que ser retomados seriamente. También se ha perdido mucho tiempo en el rediseño y reingeniería de los programas sociales, para evitar la duplicación de esfuerzos y reducir al mínimo la carga burocrática, que se lleva casi la mitad del presupuesto social.

Los gobiernos regionales y locales tienen que asumir también la enorme responsabilidad que les corresponde, para unificar el apoyo social, de modo que llegue a quienes realmente lo necesiten y no se pierdan recursos en el camino con maniobras corruptoras o de chantaje político.

Todos somos responsables. Y si bien el actual Gobierno debe responder por el retraso en la inclusión y esforzarse por superarla, la posta deberán tomarla las administraciones futuras.

Por eso, en la inminente campaña electoral los ciudadanos deben exigir no solo que se presenten planes de gobierno documentados, sino que estos armonicen con los objetivos de desarrollo, inclusión y disminución de la pobreza, compromisos que, por respeto a la dignidad de los pobres, no pueden ser objeto de retórica barata o manipulación demagógica. (Tomado de El Comercio, 25-2-10)