¡Quién responde por la lenta inversión pública!

Recientes estudios congresales corroboran  lo que es un secreto a voces: la lentitud de la inversión pública, una indignante paradoja de estos tiempos que reclama deslindar responsabilidades y tomar urgentes medidas correctivas en varios niveles de la administración estatal.

Según se ha informado, el Gobierno Central ha ejecutado menos del 40% de presupuesto de inversión, en tanto que los gobiernos regionales y locales también están en su mayoría atrasados. Así, mientras Lambayeque es el gobierno regional que mayor porcentaje de ejecución de inversión registra (74,3%), el de Áncash llega apenas al 12,9%. Esto último es e escandaloso, ya que se trata de la región con mayor presupuesto, el mismo que supera los S/.1.304 millones que no reditúan en favor de los ancashinos.

Lo que también está ocurriendo es que el famoso óbolo minero y el propio canon no se están invirtiendo bien, por la miope pugna entre gobiernos regionales y locales que prefieren que el dinero no se toque antes que dejar que lo inviertan y ejecuten los privados.

Igualmente, se carece de gestión, gerencia y administración, todo lo cual es consecuencia de la falta de normas para implementar una verdadera gerencia de servicio público y de la demagogia que llevó a bajar sueldos.

En el fondo, hay un problema estructural de ineficiencia estatal, que pone de relieve las nefastas consecuencias de seguir postergando la reforma del Estado y la meritocracia.

Además, refleja un estadio de desconfianza que ha llevado a sobrepoblar la legislación nacional de controles que, aún planteados de buena fe, han terminado tanto en la virtual parálisis del aparato público cuanto en el surgimiento de una verdadera casta de burócratas que solo autorizan lo que les interesa o lo que su pobre y temerosa capacidad puede autorizar sin mayores problemas.

No se trata, pues, solo de descentralizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), sino de compatibilizar los necesarios controles del gasto con otras medidas relativas a implementar el presupuesto por resultados.

Solo de esta manera se podrá elaborar proyectos y anteproyectos de factibilidad que puedan ser aprobados por las instancias técnicas y contraloras respectivas, y que respondan a las verdaderas necesidades de cada localidad o región.

Paralelamente, no puede obviarse la responsabilidad política que corresponda a las autoridades involucradas en este fiasco paralizante, que tienen que demostrar voluntad de trabajo y concretarla en obras de infraestructura y desarrollo que sirvan al mayor número de personas.

La autonomía de los gobiernos regionales, por ejemplo, debiera ser canalizada a forjar proyectos de integración entre regiones para potenciar sus recursos; y no en desperdiciar recursos en obras que solo satisfacen el ego de alcaldes y presidentes regionales, y son monumentos a la huachafería y la arbitrariedad.

En este escenario, el informe parlamentario tiene que ser visto como una clarinada de alerta por las autoridades del Gobierno Central y de las regiones y municipalidades, pues incluso se está poniendo en grave riesgo el ambicioso plan de estímulo fiscal, con graves consecuencias en la macroeconomía nacional.

Hay que poner coto a esta tendencia paralizante en la inversión pública. Lo terrible es que mientras las arcas fiscales rebosan de dinero y el Banco de la Nación se ve obligado a pagar intereses irrisorios, se está produciendo una auténtica guerra redistributiva en la que los más pobres ven con justificado fastidio cómo un Estado paquidérmico y circunstancialmente enriquecido es incapaz de trabajar para ellos y avanzar en la inclusión social. (Tomado de El Comercio 3-10-09)