Ante la aprobación del Decreto Supremo Nº 022-2010-ED, publicado el 22 de octubre pasado, el cual incorpora a 606 municipalidades distritales del ámbito del programa JUNTOS al Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa; la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales expresa a la ciudadanía lo siguiente:
1. El Decreto Supremo no explicita de qué manera la inserción de los 606 municipios al Plan Piloto de Municipalización aporta o complementa a los objetivos estratégicos que persigue el Programa Juntos.
Asimismo, tampoco queda claro si hay una condicionalidad en la participación de alguno de los programas, y los criterios de incorporación al Plan Piloto de Municipalización no evidencian una estrategia clara.
2. El proceso de transferencia de funciones en materia educativa a los gobiernos regionales culminó en diciembre del 2009. En esta medida consideramos un acto inconstitucional que desde el gobierno nacional se transfieran funciones al nivel local, en tanto esta medida transgrede los principios y la normatividad en la que se enmarca el proceso de descentralización.
Para hacer viable esta medida tendrían que modificarse la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, respectivamente. Si la transferencia de funciones a los gobiernos regionales ya ha sido realizada, el gobierno nacional no puede volver a transferir dichas funciones al nivel local.
3. Esta medida no ha sido coordinada con los gobiernos regionales ni locales, ha sido más bien una decisión unilateral que no ha tomado en cuenta la opinión y voluntad de las autoridades políticas involucradas en la gestión educativa y tampoco ha respetado el proceso de la descentralización.
Esto genera preocupación porque hace evidente la manera centralizada en que se continúan tomando gran parte de las decisiones para la gestión del servicio educativo, lo que contraviene el discurso y las normas respecto a un modelo de gestión descentralizada, que una vez más encuentra grandes obstáculos para su consolidación. Esta postura es también una acción contraria a la recomendación Nº 3 del informe de la Defensoría del Pueblo, donde se exhorta a la PCM tener una mayor coordinación con el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
4. El Plan piloto está generando fragmentación en la gestión de las políticas educativas y atomizando las decisiones en el nivel local, mientras que la mayoría de los gobiernos regionales ya cuentan con sus políticas educativas regionales, adecuadas a sus necesidades y potencialidades. De esta manera se pasa por alto la competencia de los gobiernos regionales de administrar sus territorios, tal como lo señala la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
5. Las evaluaciones y seguimientos que se han elaborado al Plan piloto de Municipalización han demostrado grandes debilidades en su implementación, de manera que el Ministerio de Economía en el anteproyecto de Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2011 señala en una disposición final que no se asignen recursos al Programa ni se amplíe el programa sin una evaluación externa e independiente previa que garantice el logro de sus resultados.
El Ministerio de Educación ha realizado evaluaciones al Plan Piloto de Municipalización, los cuales han dado cuenta de temas procedimentales, pero hasta la fecha no se ha realizado una evaluación sobre el avance de acuerdo a los objetivos. Los mensajes han sido claros de parte de la Defensoría del Pueblo respecto a la necesidad de una evaluación total del programa antes de iniciar la fase de expansión.
Ante los argumentos expuestos, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales hace un llamado al Ministerio de Educación y a la Presidencia del Consejo de Ministros a reconsiderar su decisión y derogar la norma, la cual claramente afecta la autonomía del nivel de gobierno regional, afectando así al proceso de descentralización en su conjunto.
Octubre, 2010
