Políticas nacionales prioritarias para enfrentar la pobreza en el país

Propuestas de la MCLCP para el Foro del Acuerdo Nacional: Presentación: Este documento contiene un conjunto de propuestas de política y de acciones prioritarias a llevar como MCLCP al Foro del Acuerdo Nacional, las mismas que buscan reforzar y  profundizar los consensos ya existentes en materia de lucha contra la pobreza así como precisar acciones y medidas prioritarias para cumplir con los objetivos nacionales de reducirla pobreza y la desigualdad  de manera significativa al 2011.  Complementariamente, se busca cerrar o corregir las brechas o distancias existentes entre lo propuesto y acordado y  lo que se viene haciendo.No está demás señalar que las propuestas aquí incluidas responden a la Visión de la Mesa y del propio Acuerdo Nacional  sobre el Perú como un país donde toda persona humana, de cualquier edad y sexo, en cualquier lugar del territorio nacional en que resida pueda aspirar y gozar de una vida digna, desarrollar plena e integralmente todas sus capacidades, con seguridad, en paz y en armonía con su entorno. Un país con un estado de derecho democrático y descentralizado, una sociedad con equidad y justicia social, competitiva, con un estado eficaz, eficiente y al servicio de sus ciudadanos.

 

Las propuestas acá incluidas son una síntesis de las propuestas que los actores estatales y de la sociedad civil que participan en la MCLCP han venido levantando y  promoviendo,  y en torno a las cuales se han venido desarrollando acciones específicas en materia de concertación, desarrollo de capacidades y planeamiento operativo, enriquecidas por el  seguimiento y evaluación de lo actuado.

  

Lima, 1° de julio de 2008

Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP

 

Marco general de las propuestas

El marco general de las propuestas responde a la perspectiva ética que inspira el trabajo de la Mesa desde su constitución.

 

Está dado en primer lugar  por:

 

·        Los derechos y responsabilidades que la Constitución, las leyes vigentes y los compromisos internacionales suscritos por el país  reconocen a todas las peruanas y peruanos.

·        La Carta Social y las Políticas de Estado contempladas en el Acuerdo Nacional y los otros acuerdos suscritos en el marco de dicho Foro, que reúne a representantes del Estado, los partidos políticos y de la sociedad civil.

 

En segundo lugar y en aplicación de esas orientaciones generales forman parte también del marco general de la propuesta los avances que se han venido dando en materia de:

 

·        La reforma democrático-descentralista del estado; expresada en el proceso de descentralización en curso y los cambios que esta reforma viene implicando en aspectos tales como: organización del estado en tres niveles de gobierno y la transferencia de funciones, competencias y recursos a los niveles sub nacionales.

·        La modernización de la gestión del estado mediante la inclusión del planeamiento concertado, los presupuestos participativos y la gestión por resultados, de la mano del señalamiento de un conjunto de actividades a favor de la infancia como actividades prioritarias. De igual modo, las normas en materia de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana, complementos sustantivos de una gestión democrática.

 

 

II. Fundamentación de la propuesta: problemas a resolver y oportunidades a aprovechar

 

La situación actual se caracteriza por la existencia de un consenso formal muy amplio respecto a:

 

• La importancia y  necesidad de enfrentar los problemas de pobreza que sufre el país, de la mano con  la posibilidad de hacerlo dada la situación fiscal y las proyecciones de la economía para los próximos años, lo que se expresa con claridad en el MMM 2009-2011, que asume de manera expresa la prioridad de los objetivos sociales y en especial de la lucha contra la pobreza.

 

• El acuerdo sobre las políticas generales más importantes que se requieren para contribuir a reducir significativamente la pobreza. Políticas ya discutidas y aprobadas en el Acuerdo Nacional contenidas tanto en las políticas de estado de largo plazo, como en las de corto y mediano plazo, los acuerdos a favor de la infancia y la educación (PEN).

 

• El reconocimiento de la concentración de la pobreza en las zonas rurales del país, en especial en las zonas altoandinas, donde además se concentro el fenómeno de la violencia de los años 80 y 90; así como la dificultad que tiene el actual modelo de crecimiento para producir mejoras sustantivas en los niveles de ingreso de la población y el estado para brindar servicios de calidad. En concordancia con ello, la necesaria prioridad que tienen en estas zonas -expresadas en la lista de 830 distritos contemplados y priorizados en el marco de la Estrategia Nacional Crecer- de ser atendidos. A ellos debemos sumar  los segmentos de pobreza urbana de las ciudades del país, en especial los segmentos 1 al 3 de las zonas urbanas según el SISFHO. 

 

• El reconocimiento que medidas importantes para avanzar en esa dirección ya han sido tomadas, destacando entre ellas:

 

•  
  • La identificación de acciones prioritarias a favor de la infancia
  • La puesta en marcha de un cambio en la metodología de gestión presupuestal a partir de la aplicación de la programación presupuestal estratégica, que busca romper el patrón inercial en la gestión de presupuesto, incorporando la planificación, la definición de objetivos y metas, la asignación de recursos ajustada a los objetivos a alcanzar, el seguimiento y evaluación tanto de los procesos como de los impactos de las acciones.
  • Los programas presupuestales estratégicos cuya implementación se ha iniciado en el presente año, referidos estos a: i) salud materno y neo natal,  ii) articulado nutricional, iii) logros de aprendizaje, iv) acceso a la identidad y v) acceso a servicios básicos y oportunidades de mercado.
  • Los nuevos programas presupuestales estratégicos que se deben implementar desde el 2009 vinculados a: i) electrificación rural, ii) saneamiento rural, iii) telecomunicaciones rurales, iv) gestión ambiental en especial de zonas rurales y severamente afectadas por contaminación.

 

Es de señalar que estos  9 programas presupuestales estratégicos cubren una parte sustantiva de los componentes necesarios para enfrentar en términos de planeamiento y gestión presupuestaria la atención a las zonas rurales del país, quedando por cubrir los aspectos más directamente asociados a la elevación de la producción, productividad,  empleo e ingresos de los pequeños productores rurales  el acceso y desarrollo de mercados. Otro aspecto pendiente es el referido a reducción de vulnerabilidades asociados a factores naturales (heladas, deslizamientos, sismos, entre otros).

 

• La importancia de la acción del estado a través una acción convergente y concordada  entre los tres niveles de gobierno y entre los diversos sectores al interior de este; así como entre la acción del estado y de la propia población organizada y más en su conjunto de la sociedad civil. Ello se expresa en la Estrategia Nacional CRECER; así como en la Ley de Presupuesto para el presente ejercicio fiscal, la misma que establece  responsabilidades específicas en el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para la coordinación de las acciones y el seguimiento de las mismas.

 

Pese a los avances ya señalados, es claro que aun hay problemas y limitaciones que deben ser enfrentados. Así es como debe señalarse los problemas derivados de la falta de implementación del sistema nacional de planeamiento en los términos previstos en la ley de creación del Centro de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. En esa línea destaca también la lentitud del cambio la que expresa en lo fundamental las diversas resistencias burocráticas a:

 

• Adoptar la nueva metodología de programación presupuestal estratégica, dando un adecuado seguimiento y asistencia técnica a esta tarea.
• A definir metas a ser alcanzadas en cada programa presupuestal estratégico para cada ámbito de intervención; involucrando a los actores regionales y locales y a la propia sociedad civil en esta tarea.
• Asignar los recursos necesarios para el logro de las metas que se vayan fijando.
• Avanzar en una adecuada delimitación de funciones y competencias entre los tres niveles de gobierno para el caso de los sectores con responsabilidades compartidas,
• Conformar  y dar funcionamiento regular a los mecanismos de coordinación necesarios para la adecuada ejecución de las acciones y el seguimiento de las mismas.  

 

 

III. Propuestas

 

1. Lineamientos de Política

 

Las organizaciones del estado, los partidos políticos y las organizaciones de sociedad civil integrantes del Acuerdo Nacional deben comprometerse colectivamente en los siguientes lineamientos de política:

 

a)      Cerrar las brechas aun existentes en materia de cobertura y calidad en los servicios públicos universales básicos vinculados a la salud, nutrición, agua segura, erradicación del analfabetismo y logros de aprendizaje al III Ciclo de Educación, identidad y acceso al nombre, acceso a servicios básicos y oportunidades de mercado.

b)      Desarrollar estrategias diferenciadas según se trate de áreas urbanas y rurales.

c)      Dar prioridad en la asignación de recursos a las zonas rurales, en especial alto andinas y de selva, y a las áreas de frontera.

d)      Desarrollar las capacidades humanas y productivas de los hogares rurales; promover la capitalización de sus unidades productivas; brindar la asistencia técnica necesaria partiendo de sus propios conocimientos de su actividad y del entorno en el cual ésta se realiza, y contribuir a partir de ello a su tecnificación y modernización; alentar distintas formas de articulación y asociación que permita acceder más y mejor a los distintos mercados. Hogares capitalizados no sólo son màs productivos sino también menos vulnerables.

e)      Promover el consumo de productos alimenticios de origen nacional, dentro de una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria.

f)        Atender a la población adulta mayor en especial de las zonas rurales que no cuenta con acceso a la seguridad social ni al sistema de pensiones.

 

 

2.- Objetivos de Política de mediano plazo en materia de Lucha contra la pobreza y equidad social

 

Se asumen como objetivos y metas de política nacional los contemplados en el MMM 2009-2011, con los siguientes añadidos específicos:

 

a)      El objetivo de mejora de la equidad en la distribución del ingreso considerado en el discurso del Presidente de la República del 28 de julio del 2006, incluida la meta de reducir la inequidad entre el 20% más rico y el 50% más pobre de la población .

b)      El objetivo de reducción de vulnerabilidades para población adulta mayor de zonas rurales

 

 

3.- Medidas prioritarias

 

1. Referidas a las condiciones generales para la reducción de la pobreza y la desigualdad:

 

 

• Mantener una tasa de crecimiento económico no menor al 8% anual
• Elevar la presión tributaria al 18% del PIB, en los términos establecidos en el Pacto Social por la Inversión y el Empleo Digno suscrito por el Foro del Acuerdo Nacional.

 

 

1. Referidas a la descentralización y el rol de los tres niveles de gobierno en la lucha contra la pobreza:

 

• Completar el proceso de definición de funciones y competencias mediante la presentación y aprobación de las leyes de organización y funciones de los Ministerios con responsabilidades en materia de educación, salud, asistencia y previsión social, ambiente, transportes y comunicaciones, vivienda, saneamiento, desarrollo económico productivo.
• Definir e instalar los mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernamental.
• Aplicar el enfoque de gestión por resultados al conjunto del proceso presupuestario nacional. Extender el uso de objetivos, metas  e indicadores de desempeño en los procesos de programación presupuestal y dar seguimiento al mismo.

 

 

1. Referidos al desarrollo de una  estrategia integral de lucha contra la pobreza en las zonas rurales del país

 

• Definir las metas físicas y los indicadores (de proceso e impacto) aun no definidas para los 5 PPE ya aprobados y en ejecución.
• Revisar el uso de los PPE por parte de los diversos pliegos presupuestales y la actual asignación de recursos para los mismos a fin de corregir las deficiencias existentes.
• Definir los PPE (marcos lógicos, metas e indicadores) de los 4 PPE que deben implementarse a partir del 2009, según lo establecido en la ley de Presupuesto vigente.
• Incluir tres  nuevos programas presupuestales estratégicos orientados respectivamente a:

 

•  
  • Capitalización y diversificación de la pequeña producción rural, con énfasis en la vinculada a la producción de alimentos
  • Atención de la población adulta mayor de las zonas rurales (Pensiones no contributivas)
  • Reducción de vulnerabilidades frente a desastres y a la vulnerabilidad climática. 

 

• Realizar las modificaciones legislativas y administrativas necesarias para:

 

•  
  • Cubrir los requerimientos de personal necesarios para la prestación de los servicios universales de educación y salud en las zonas rurales del país.
  • Cubrir los requerimientos de bienes  servicios para el desarrollo de las actividades prioritarias consideradas en los PPE.
  • A través de mecanismos transparentes que respondan a lo que los productores quieren o vienen haciendo, transferir recursos públicos para la capitalización de los pequeños productores rurales.   

Lima, 1° de julio de 2008, Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP